El letal costo de defender el medio ambiente
De Erika Guevara, Americas
Director at Amnesty International
En una calurosa noche en la selva amazónica venezolana, la
activista Lisa Henrito escuchó su nombre en un programa de la televisión
estatal en boca de un funcionario militar, quién la acusó de “traición a la
patria” y de liderar la conformación de una nación indígena.
Diez días antes, Lisa Henrito había expresado en una
asamblea Indígena en la ciudad de Puerto Ordaz, que los Estados están obligados
a respetar y reconocer los derechos de los pueblos Indígenas sobre sus
territorios y recursos; esto melló poderosamente sobre la avanzada de la
militarización y explotación económica de la Amazonía venezolana.
La relación única entre los pueblos Indígenas y sus
territorios ancenstrales ha sido ampliamente reconocida por el derecho
internacional de los derechos humanos. Dicha relación especial es
fundamental tanto para su subsistencia material, como para la integridad
cultural de sus identidades. Los pueblos Indígenas han liderado con resilencia la
defensa de los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio
ambiente, pero esta lucha global es cada vez más riesgosa.
En Venezuela, en un lugar amenazado por megaproyectos como
el Arco Minero—que no cuenta con la consulta previa e informada de los pueblos
Indígenas, ni con estudios de impacto ambiental de acceso público que permitan
entender las posibles afectaciones que estos tendrían en sus territorios— el
riesgo de aquellas personas guardianas del ambiente y la tierra se incrementa a
medida que los recursos naturales se agotan y la búsqueda desenfrenada de
materias primas arrecia, generando una violencia que va en aumento.
Al igual que miles de personas defensoras del ambiente en
la región, Lisa Henrito ha pagado el alto precio de defender derechos humanos.
Su nombre se agrega a la lista de personas perseguidas por resistir a la
explotación que amenaza los últimos reductos de naturaleza del mundo.
La criminalización y las campañas para delesgitimar la
defensa de derechos se han convertido en una violencia normalizada por los
Estados en la región. El lenguaje estigmatizador utilizado por las autoridades
venezolanas para señalar y “acusar” a Lisa es una forma de violencia
institucional que pone en riesgo la vida y la integridad de Lisa, y todas las personas
defensoras y líderes Indígenas que ponen en descubierto las violaciones de
derechos.
En Honduras, Berta Cáceres, reconocida defensora y líder
lenca, enfrentó lo mismo. Víctima de la epidemia voraz de asesinatos de
defensoras y defensores de derechos ambientales, la líder del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sabía bien que para
nuestros pueblos Indígenas la defensa territorial es un sinónimo de
preservación cultural y de la supervivencia de un modelo de vida que reconoce
su absoluta dependencia de la naturaleza.
Por su inmensa riqueza natural que atrae a la depredación,
y la imposición de un modelo económico ya probado insostenible, el lugar más
letal para la defensa de la naturaleza es América Latina, región que concentra
aproximadamente el 60% de los asesinatos de personas defensoras del ambiente en
todo el mundo.
Para el 2016, el 40% de esas personas defensoras eran
Indígenas; en el 2017, en México, 13 de cada 15 personas defensoras asesinadas
fueron indígenas en defensa de sus territorios ancestrales. El 24 de octubre,
Julián Carrillo, defensor Indígena rarámuri, fue asesinado violentamente por un
grupo armado en la sierra Tarahumara en Chihuahua, México, a pesar de contar
con medidas de protección del Estado mexicano. Julián llevaba años en la
defensa del territorio y el medio ambiente en contra de la tala ilegal, la
explotación de recursos y la presencia del crimen organizado.
A pesar de la denuncia internacional, y las medidas
superficiales de los estados, la situación que enfrentan las personas
defensoras del ambiente en la región no ha mostrado mejoría. De hecho, informes
de organizaciones de derechos humanos indican que cada año aumenta el riesgo de
morir en la defensa por el medioambiente y los territorios.
Desde el 2016, Amnistía Internacional ha alertado de que
la región es la más peligrosa para la defensa de derechos humanos, incluido un
país como Honduras, que se erigió en su momento como el país más peligroso para
defender derechos ambientales. Ahora preocupa gravemente que sea el mismo
destino para Venezuela. De no proveer condiciones para la protección de
personas defensoras de derechos humanos, Venezuela podría añadirse a la lista
de lugares donde defender la naturaleza y los territorios Indígenas es sinónimo
de persecución y muerte.
Lo que hoy experimenta el pueblo y territorio de Lisa
Henrito en Venezuela es una manifestación del control de la Amazonía—bajo la
doctrina de la seguridad ciudadana—con el objetivo de desmovilizar y desplazar
a las comunidades de pueblos Indígenas para favorecer la explotación minera y
de recursos naturales.
La militarización de los recursos, especialmente en la
Amazonía, rica en minerales y biodiversidad, no es un fenómeno nuevo, como
tampoco lo es la participación de agentes estatales en la criminalización,
hostigamiento e incluso asesinato de activistas medioambientales.
Esta estrategia adoptada por el gobierno venezolano se
lleva a cabo hoy en medio de una profunda crisis económica y de derechos
humanos que afecta con mayor énfasis a sectores discriminados como los pueblos
Indígenas.
Gobiernos y empresas colaboran en proyectos que alimentan
las desigualdades, poniendo el interés económico de unos cuantos en menoscabo
de los derechos humanos de las mayorías, y que pasan por alto el derecho a la
vida de quienes denuncian y defienden los territorios. De hecho, la justicia es
una ilusión óptica para quienes están en la línea del frente defendiendo
derechos, como lo demuestran múltiples falencias en las investigaciones de los
asesinatos de defensoras y defensores como Berta Cáceres en Honduras, Isidro
Baldenegro en México o Sabino Romero en Venezuela. Asimismo, el acoso
sistemático y la criminalización de la defensora peruana Máxima Acuña refleja
hasta dónde puede llegar el afán y complicidad gubernamental con el desarrollo
no sustentable.
La voluntad política de los gobiernos de la región para
detener este fenómeno es nula pero es imperativo que asuman sus compromisos con
la protección de personas defensoras del ambiente, entendiendo que los pueblos
Indígenas requieren de medidas de protección con pertinencia cultural,
respetuosas con sus jurisdicciones especiales y los marcos normativos
nacionales e internacionales.
Las medidas de protección colectivas e individuales deben
responder a los contextos y amenazas, pero también a riesgos diferenciados de
género y cultura.
No hay metal ni piedra preciosa que valga la vida humana o
la destrucción de los delicados ciclos ecológicos de los que dependemos todas
las personas para el ejercicio fundamental de derechos humanos.
Las sociedades tenemos la obligación de seguir demandando
de los Estados la protección de personas defensoras como Lisa Henrito y miles
de líderes Indígenas que defienden y cuidan de la naturaleza y los recursos comunes,
pues son ellas quienes están en la ardua labor de trazarnos el camino hacia un
presente y futuro sostenibles.
Este artículo fue publicado originalmente por El Nacional